martes, 18 de julio de 2006

Interesante posición

NO HAY SUPERPODERES, HAY MAJESTAD DEL EJECUTIVO
El antro de los diputruchos y los Banelcos no defiende la democracia
El Poder Ejecutivo está discutiendo en el Congreso una restauración, mínima y cautelosa, de algunas facultades de reasignación presupuestaria que le habían sido cercenadas por la ilegítima Constitución de 1994. Una oposición parlamentaria estéril y un periodismo comercial sometido a los poderosos se han unificado para calificar este tímido movimiento como "búsqueda de superpoderes". Deslenguados hubo que llegaron a hablar de Don Juan Manuel y la "suma del poder público".
¡Cuánta desfachatez! Superpoderes tenía Martínez de Hoz. Superpoderes tenía Domingo Cavallo, que imponía su voluntad a legisladores y presidentes, disponía a su gusto del patrimonio de los argentinos, y beneficiaba ostensiblemente a legisladores y periodistas adictos. Superpoderes tenían los múltiples Ministros de Economía que presentaban el Presupuesto después una vez terminada su ejecución anual. El Ejecutivo no pretende más que el derecho a disponer de fondos que se van liberando por buena administración u otros motivos.
Patria y Pueblo defiende el derecho del Ejecutivo a recuperar su majestad y autonomía. Los cuerpos que lo critican, hasta ahora han demostrado ser más capaces de atender a sus propios arreglos que a las necesidades de la Nación. En 1983, ningún legislador planteó reducir las normas heredadas del Proceso a la condición de decreto-ley. Esta cobardía marca el espíritu de ambas Cámaras, que desde entonces se constituyeron en pieza central del período nefasto que vio cómo el gran capital imperialista y sus agentes locales destruían al país. Los diputruchos del menemismo y la Ley Banelco de de la Rúa dan su medida moral.
Por más atribuciones constitucionales que pueda aducir, y más allá de méritos excepcionales de algunos de sus componentes, los antecedentes del Congreso deberían moverlo a una humilde prudencia ante esta iniciativa. Para colmo, no defiende la "democracia" sino simplemente su derecho a generar negocios sectoriales en torno a las alícuotas o subsidios que figuran en la Ley de Leyes.
En cuanto al periodismo comercial, baste recordar que su objetivo no es informar sino "controlar la opinión pública", como recientemente denunció la Senadora Fernández de Kirchner basándose en declaraciones de la mismísima ADEPA. A esas empresas y a sus anunciantes no les interesa un Ejecutivo poderoso. Lo quieren débil, y quieren un Legislativo maleable, discreto y ágil para los arreglos pampa.
Se aduce, finalmente, que el Ejecutivo retrocede frente a los "avances" obtenidos en la Constitución de 1994. Esa Constitución es el moderno código del coloniaje. Quien la defiende se autoacusa. Y si el Sr. Presidente o los parlamentarios que lo apoyan revierten sus planteos de 12 años atrás, simplemente significa que se están volviendo a interesar por el bien común.
Buenos Aires, 18 de Julio de 2006.

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